Chilpancingo, Gro. 26 de Octubre del 2016 (IRZA). – Diputados del PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en la regulación “urgente” de las policías ciudadanas que operan en el corredor del Valle del Ocotito, pero también sugirieron la intervención del Ejército para desarmarlas, con el propósito de evitar nuevos enfrentamientos como el ocurrido el lunes entre elementos del FUSDEG y UPOEG, con saldo de siete abatidos al enfrentarse en el poblado de Tlayolapa, municipio de Juan R. Escudero.
Los legisladores señalaron también que estos grupos actúan en la ilegalidad, porque aun cuando se apegan a la Ley 701 del Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, las zonas donde operan están fuera del contexto comunitario.
Señalaron que la única que sí respeta su territorio, con base a la Ley 701, es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y la diputada Flor Añorve Ocampo, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, respaldó el desarme de las policías ciudadanas al operar fuera de las normas legales y consideró que los gobiernos federal y estatal deben actuar en consecuencia.
“Pediría que se atienda esta situación porque se ha ido incrementando la violencia”, expuso la también coordinadora de la bancada del PRI.
El diputado Héctor Vicario Castrejón, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso local, señaló que nadie puede interpretar la Ley 701 a su conveniencia y que “debe haber entendimiento, acuerdos de respeto y de civilidad”.
Cuestionado sobre los pronunciamientos del desarme de esos grupos, el legislador del PRI insistió en que esos grupos deben sujetarse a lo que la ley establece. “Debemos buscar los puntos de coincidencia y dialogar mucho, establecer las garantías de seguridad en cada una de las comunidades”, abundó.
Intervención del Ejército
La diputada Magdalena Camacho Díaz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, lamentó el enfrentamiento entre policías de la UPOEG y FUSDEG, y señaló que el problema es tan “grave y delicado” que requiere “atención urgente del gobierno”.
Afirmó que es necesario regular a esos grupos, de acuerdo a la recomendación de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODDEHUM), porque “deben estar en la legalidad y el hecho de usar las armas, y obviamente que no lo están”.
Respaldó la posible intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para desarmar a los policías ciudadanos, si es necesario. “Creo que sí es necesario meter un orden porque no pueden pasar impunes las muertes de ayer (lunes), es necesaria una intervención inmediata”, agregó.
Y demandó a la Fiscalía General del Estado una eficiente investigación y evitar, sobre todo, que haya impunidad en ese caso, porque aseguró que eso ha sido el principal factor de que la violencia e inseguridad aumente todos los días, pero además aseveró que “quienes haya cometido estos homicidios, que vayan a la cárcel”.
Llamó a los líderes de la UPOEG y del FUSDEG a la “prudencia” y a que busquen solución a sus problemas mediante el diálogo, porque “no pueden resolver sus problemas a través de las armas”.
El diputado Ricardo Mejía, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Congreso, afirmó que estos grupos “ya se salieron de control” y alertó que pueden agravarse sus “rencillas”, sobre todo porque están armados.
Dio a conocer que MC propondrá una regulación para que las policías comunitarias vuelvan a su esencia y no anden de un territorio a otro “disputándose parcelas geográficas”, sino que atiendan específicamente a sus pueblos.
Confió en que el Estado pueda recuperar el control de la zona, pero señaló que se debe actuar con prontitud, y además sugirió revisar la actuación de los alcaldes de Chilpancingo y Juan R. Escudero, porque a su consideración han dejado crecer ese conflicto.
